Irán y Estados Unidos firmaron el 17 de junio un memorando que establecía el fin inmediato de las operaciones militares entre las partes.
Lejos de avizorarse una salida diplomática, las Fuerzas Armadas iraníes emitieron ayer un comunicado advirtiendo que no cederán ante la administración estadounidense hasta su “derrota completa” y la restitución de los derechos del pueblo iraní y de su líder supremo, Mojtaba Jamenei.
La escalada verbal y militar desde el golfo Pérsico se intensificó con el anuncio del comandante en jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatami, quien prometió una recompensa de 30.000 dólares a cualquier militar o ciudadano que logre capturar o matar a un soldado estadounidense.
Si el plan lo ejecuta una mujer, la cifra se duplica. La medida, según justificó Teherán, responde al gran número de solicitudes populares para financiar el apoyo a la guerra iniciada en febrero. El canciller iraní, Abás Araqchí, dio por roto el acuerdo al acusar a Estados Unidos de violarlo tras los bombardeos en el sur de Irán y los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz iniciados en julio.
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Araqchí sostuvo que el memorando representó el fin de las hostilidades y no un alto el fuego de 60 días susceptible de ser prorrogado, confirmando que de momento no existe ninguna decisión para reanudar el diálogo con Washington.
Plan de paz para Gaza
Paralelamente, la Casa Blanca mantiene abierto su segundo frente diplomático. Ayer, en Egipto, el enviado estadounidense Jared Kushner sostuvo reuniones con una delegación de Hamás para intentar destrabar la implementación de la segunda fase del plan de paz impulsado por el gobierno de Donald Trump.
El acercamiento directo entre Washington y el grupo islamista refleja la disposición de la Casa Blanca por consolidar el frágil acuerdo alcanzado tras dos años de devastadora guerra en la Franja de Gaza.
No obstante, las negociaciones tropiezan con marcadas desavenencias: mientras Kushner exige el desarme total de la milicia y su completa exclusión de un futuro gobierno, Hamás insiste en transferir la administración civil a un Comité Nacional compuesto por tecnócratas tras disolver su propia estructura en julio.
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El panorama de paz en Gaza se complica aún más por el rechazo explícito del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la hoja de ruta aceptada por Hamás, exigiendo un desarme “verdadero” antes de retirar sus tropas.
Esta postura provocó la condena conjunta de ocho países musulmanes —entre ellos Egipto, Catar y Turquía—, cuyos diplomáticos advirtieron que la negativa de Israel pone en grave peligro los esfuerzos colectivos para pacificar la región.
Todo esto ocurre mientras la violencia no cede en el terreno: pese a la tregua firmada en octubre de 2025, la aviación israelí reanudó ayer los bombardeos en Nuseirat y atacó tiendas de desplazados en Jan Yunis, elevando a más de 1.260 los palestinos muertos durante el periodo del supuesto cese del fuego y dejando a Washington atrapado en una encrucijada de alto riesgo tanto en el frente palestino como ante la inminente ruptura con Irán.
Catar, uno de los principales mediadores, lamentó la semana pasada que Israel siga “dilatando” la aplicación de la tregua en Gaza “desde el primer día”, después de que Tel Aviv rechazó el plan de 15 puntos de Trump, y exigió que la comunidad internacional ejerza presión para que se aplique el acuerdo.
Por otro lado, el Ejército israelí confirmó ayer la muerte de un segundo alto comandante de Hezbolá en el Líbano, en los bombardeos que causaron al menos 11 fallecidos, incluida la familia —con tres niños— del comandante de la unidad de élite Radwan, Ali Samir al Haj Hasán.
El fallecido fue identificado como Abu Hasán Alaa, quien murió junto a otras tres personas en un ataque israelí contra el municipio de Deir Zahrani, en el sur de Líbano.
Según Israel, Alaa “comandaba varios sectores de combate” de Hezbolá y había participado en ataques con drones. El sábado, la oficina de Netanyahu informó que tres soldados resultaron heridos en un ataque de Hezbolá, tras los bombardeos que causaron 11 muertos y 19 heridos
